En el marco de la solicitud de delegaci贸n de facultades legislativas, el Gobierno de la presidenta de la Rep煤blica, Keiko Fujimori, propone crear un Registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas, que permitir谩 sistematizar informaci贸n sobre estos grupos y fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
El registro permitir谩 identificar informaci贸n clave de estas organizaciones, como su estructura de mando, integrantes, zonas de actuaci贸n, modalidades delictivas, redes de apoyo y capacidades operativas, financieras y log铆sticas, as铆 como sus vinculaciones nacionales y transnacionales.
Asimismo, se plantea establecer un mecanismo especial de coordinaci贸n dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), que articule a la Direcci贸n Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se帽al贸 que la delegaci贸n de facultades permitir谩 fortalecer la lucha contra la extorsi贸n, el sicariato y el crimen organizado, as铆 como crear un comando de inteligencia similar al hist贸rico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), con capacidades para anticiparse a la comisi贸n de delitos y desarticular las redes criminales.
Geolocalizaci贸n para enfrentar la extorsi贸n Como parte de la estrategia, el proyecto de ley plantea modificar el marco legal de las telecomunicaciones para facilitar a las unidades policiales el acceso a informaci贸n de localizaci贸n, geolocalizaci贸n y rastreo de terminales m贸viles vinculados a investigaciones por extorsi贸n, secuestro y sicariato.
Tambi茅n se propone incorporar herramientas tecnol贸gicas que permitan identificar patrones de comunicaci贸n asociados a redes de extorsi贸n, rutas de sicariato y estructuras vinculadas a la miner铆a ilegal. Esto permitir谩 a la Polic铆a y a las unidades de inteligencia analizar las interacciones de las organizaciones criminales e identificar sus principales puntos de operaci贸n y coordinaci贸n.
El uso de estas herramientas estar谩 orientado a la trazabilidad f铆sica de las actividades delictivas y no implica acceder al contenido de conversaciones privadas.
Su aplicaci贸n deber谩 garantizar el respeto de los derechos constitucionales y la privacidad de los ciudadanos.
Finalmente, se plantea fortalecer la conservaci贸n y entrega de informaci贸n t茅cnica por parte de las empresas operadoras, as铆 como optimizar la detecci贸n, corte y bloqueo de se帽ales m贸viles y comunicaciones ilegales realizadas desde establecimientos penitenciarios o centros juveniles.
Fuente: gob.pe